El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) ha denunciado que España es el único país de la Unión Europea que aún no ha implementado la figura del valorador homologado, tal y como establece la Ley de Contratos de Crédito desde hace años. Esta ausencia, según el CGATE, contribuye a la falta de transparencia en el mercado hipotecario español.
La influencia de las sociedades de tasación en el mercado inmobiliario
En la actualidad, las sociedades de tasación y las entidades financieras tienen un control significativo sobre la valoración de inmuebles, lo que limita la capacidad de decisión de los consumidores a la hora de poner en venta sus viviendas. Alfredo Sanz, presidente del CGATE, ha subrayado que esta situación afecta directamente a la independencia de los tasadores, quienes deben someter sus valoraciones al criterio de estas entidades, distorsionando así el mercado inmobiliario.
El llamado del CGATE para regular al valorador homologado
El CGATE reclama el desarrollo del Reglamento del Profesional Homologado para regular esta figura, tal como lo establece el artículo 13 de la Ley de Contratos de Crédito. De acuerdo con el Consejo, esto permitiría dotar al mercado de un sistema de valoración más transparente e independiente, alineado con las normativas europeas.
El Banco Central Europeo respalda la propuesta de TEGOVA (The European Group of Valuers Associations) como la organización con los estándares y procedimientos más confiables para asegurar una valoración adecuada y objetiva. En España, el CGATE, la Asociación Española de Valoración Inmobiliaria y Urbanística (AEVIU) y la Unión de Arquitectos Peritos y Forenses de España (UAPFE) forman parte de TEGOVA y abogan por una regulación que asegure la formación y acreditación de los profesionales del sector.
Alfredo Sanz concluye que “el mercado español debe alinearse con los estándares de la Unión Europea para recuperar la credibilidad ante el ciudadano y el sector inmobiliario”. El CGATE insiste en la necesidad de implementar el valorador homologado para garantizar la libre competencia y la transparencia en el sector.
