Ello es así por su importancia como patrimonio cultural, y por ser en la Arquitectura donde se satisfacen las necesidades de las personas, que exigen un medio físico adecuado para el desarrollo de su vida diaria, garantizando su habitabilidad y seguridad.
La UNESCO y la Unión Europea, a través de diferentes Directivas, han proclamado reiteradamente el interés público y cultural de la Arquitectura, al mismo tiempo que han precisado con detalle los conocimientos que deben cualificar al arquitecto.
El ejercicio profesional de la Arquitectura en España ha integrado las competencias formativas técnicas, artísticas y humanísticas necesarias para el desarrollo de proyectos y obras que permiten conformar espacios confortables, sólidos y seguros, e incorporar valores estéticos, medioambientales y urbanos; por lo que ha merecido el reconocimiento internacional, y constituye una referencia universal de calidad y prestigio.
La Ley de Ordenación de la Edificación concretó, en 1999, un marco normativo, avalado por la sociedad española, a lo largo del último siglo, y consensuado en las últimas décadas por todos los agentes intervinientes en el sector de la edificación, que regula el ejercicio de la Arquitectura en total correspondencia con el sistema estatal de títulos universitarios.
El cambio de este marco regulador propuesto en el borrador conocido del Anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales, es contrario a lo ordenado por el Parlamento Europeo y supone una dejación, por parte del Estado, en su obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos, sin que para ello exista demanda social alguna.
Por todo lo expuesto, MANIFESTAMOS nuestra oposición a esta iniciativa que supondría una merma de los derechos de los ciudadanos a la arquitectura ejercida en términos de calidad, responsabilidad y utilidad social.
