En medio de una durísima crisis por los elevados precios del gas, el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que el Gobierno pretende resucitar, puede suponer un duro golpe e incremente de los costes a la industria gasintensiva ya muy castigada, que lucha por mantener a flote su actividad y su empleo en el peor contexto posible. Aunque los sujetos obligados son las comercializadoras de gas, es indudable que esos costes terminarán por caer en cascada sobre los consumidores finales.
Por tanto, de aprobarse, la medida provocará una subvención cruzada de costes entre los diferentes consumidores finales. Las aportaciones al FNSSE del sector gasista irán en aumento cada año hasta llegar a 1.200 millones de euros, que en el lustro de vigencia sumarán un total de más de 3.500 millones de euros, penalizando duramente al consumidor industrial gasintensivo.
La industria manufacturera es intensiva en consumo de gas y electricidad, unos costes que son la clave de su competitividad, por lo que esta subvención cruzada perjudica claramente por su desproporcionado importe. Hay que tener en cuenta que los costes del sistema gasista (peajes y cargos) suman ya 2.592 millones de euros y que con la aportación al FNSSE se incrementarían en más de un 45%.
Costes a la Industria gasintensiva
La industria consume el 60% del gas nacional, el doméstico representa el 20% y la generación de ciclos combinados el otro 20%. Al dispararse los precios del gas en octubre de 2021, el Gobierno protegió al consumidor doméstico congelando la tarifa. Ahora, el mecanismo del “tope al gas” reconoce unos costes de gas a los ciclos para impedir que se trasladen costes al consumidor eléctrico. Pues bien, incomprensiblemente, el consumidor industrial gasintensivo (60%) verá incrementados sus costes.
Desde GasINDUSTRIAL, manifestamos que resulta inaudito que el proyecto del FNSSE no especifique la cantidad a compensar por la industria, ni tenga en cuenta que según la tramitación actual de las directrices europeas de ayudas de Estado esta compensación pueda incluso ser ilegal. El nivel de incertidumbre del consumidor gasintensivo es extremo y necesita un mecanismo de protección. Es aventurado implantarlo sin asegurarse de que la industria estará exenta o bien que podrá compensar el sobrecoste.
En estos meses, cientos de industrias españolas se están viendo abocadas a parar su producción por los altos precios del gas. La demanda de gas industrial se desplomó en abril un -19,4% y en mayo volvió a caer un -14,6%.
Es incomprensible que, en semejante contexto de parálisis progresiva de la industria gasintensiva —incapaz de asumir estos altos costes— el FNSSE venga para incrementarlos más.
España necesita urgentemente medidas de competitividad energética que eviten la progresiva deslocalización de su industria, de no contar con dichos apoyos es más que probable que las producciones se vayan trasladando a otros países con costes más competitivos.
La contribución al FNSEE lastrará de nuevo la competitividad de la industria española, perjudicándola gravemente en un momento clave en el que los industriales luchan por su supervivencia, por aumentar su actividad exportadora y por mantener el empleo. Ningún país europeo penaliza así a su tejido industrial.
