La Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua, ASAGUA, ha celebrado su Asamblea Anual, donde las empresas han reclamado el desarrollo de la colaboración público-privada para mantener actualizado el capital público hidráulico -nuevas inversiones y conservación de las existentes-, esencial en el contexto actual. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia apela a este tipo de colaboración que multiplicará por cuatro los recursos públicos. Por ello resulta inexplicable que no existan iniciativas para dotarla de un marco jurídico actualizado.
ASAGUA no cesa en su demanda de cambios en los pliegos de cláusulas administrativas particulares que hagan posible que la oferta elegida sea la mejor en relación calidad-precio, evitando adjudicaciones a ofertas de mala calidad y bajo precio que ponen en riesgo la propia actuación. Recuerda que la mejor relación calidad-precio es el objetivo de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que dispone de principios y herramientas suficientes para lograrlo.
Para gestionar con éxito los Fondos de Recuperación, es decir, para gastar todo el dinero y gastarlo bien, considera necesario suplementar la estructura de la administración, dotándola de medios suficientes y eficientes que afronten con éxito la contratación de las actuaciones, la gestión de las subvenciones y el desarrollo -ejecución- de las mismas para conseguir cumplir los plazos, sin olvidar que es precisa una buena selección de proyectos.
El Gobierno quiere destinar 2.091 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia entre 2021 y 2023 a políticas para preservar el litoral y los recursos hídricos, de los cuales 642 millones irán al Plan DSEAR (depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización), es decir, a actuaciones en materia de saneamiento y depuración. Desde ASAGUA consideramos insuficiente esta cifra si tenemos en cuenta que aún falta mucho para depurar todas las aguas residuales (solo la depuración del río Manzanares – EDAR de La China, Butarque y sur- supone una inversión de 800 a 900 millones), de ahí los incumplimientos con Europa y las consiguientes multas. Cabe resaltar que por cada millón de euros invertido en estas actividades se generan 15 nuevos empleos.
Ante la imprevista y espectacular subida del precio de las materias primas y de la energía que afecta al sector, que ve modificadas las condiciones de los contratos, considera urgente que se dicten normas que hagan posible de forma coyuntural la revisión de precios, prácticamente desaparecida en la Ley de Contratos del Sector Público, y que se modifique esta ley para incluirla en ella con carácter general. Así se podrá restablecer el equilibrio económico del contrato.
Por una inversión sostenida, sostenible y útil
El ejercicio 2020 ha estado marcado por la pandemia de COVID 19, meses de mucha dureza para todos y en especial para el sector de las empresas de servicios del agua, que continuaron con gran esfuerzo su labor dando ejemplo de servicio público. En contraste, la actividad de construcción quedó suspendida con la declaración del estado de alarma.
Las empresas de ASAGUA entienden que competir no está reñido con colaborar en las distintas actividades que puedan desarrollar en el ámbito societario y social, como demuestran las reivindicaciones valientes y honestas que acuerdan llevar a cabo en beneficio del sector y del bien común. Las empresas de tecnologías del agua reclaman que las próximas actuaciones que se emprendan sean útiles para evitar el despilfarro acontecido en el pasado reciente y que las inversiones sean sostenidas y sostenibles en el tiempo, para contribuir a la estabilización empresarial, además de resultar esencial para la conservación del stock de capital público. Para ello la asociación defiende con firmeza que los planes hidrológicos sean objetivos, para lo cual han de mantenerse alejados de intereses partidistas, y que las inversiones que se derivan de los programas de medidas sean vinculantes, solo así se garantizará su cumplimiento.
Aboga por un Pacto nacional por el agua, imprescindible para evitar las guerras del agua y para su reparto solidario entre las distintas regiones de España, así como la creación del regulador único que permita que el precio del agua tenga la misma estructura y desaparezcan las grandes diferencias entre territorios.
