El reciente paso de la DANA, catalogada como la peor de Europa en el último siglo, ha puesto en evidencia la percepción negativa que la población española tiene sobre las infraestructuras nacionales, según el informe Global Infrastructure Index 2024 de Ipsos. El estudio revela que un 55% de los ciudadanos califica como “pobres” las infraestructuras para mitigar inundaciones, posicionándolas entre las tres peor valoradas, junto con la construcción de vivienda nueva (71%) y la red de recarga de vehículos eléctricos (62%).
Sin embargo, la inversión en estas infraestructuras no figura entre las prioridades ciudadanas: solo un 27% considera urgente destinar fondos a su mejora. En contraste, las preferencias se inclinan hacia las energías renovables (40%), la red ferroviaria (37%) y el abastecimiento de agua y alcantarillado (36%).
Infraestructuras mejor valoradas y adaptación climática
Aeropuertos y carreteras lideran la satisfacción
A pesar de las críticas hacia ciertos sectores, el informe destaca una mejora significativa en la percepción de algunas infraestructuras. Los aeropuertos lideran el ranking con un 76% de satisfacción, consolidando a España entre los tres países europeos mejor valorados en este ámbito, junto con Países Bajos y Francia. Las autopistas y carreteras principales, por su parte, han experimentado un aumento en su valoración, pasando del 47% en 2016 al 69% en 2024.
La infraestructura digital también ha ganado reconocimiento, con un salto del 41% al 67% en satisfacción gracias a avances como la fibra óptica y la conectividad 5G. Por otro lado, la red ferroviaria muestra un crecimiento más modesto, alcanzando un 56% de valoración.
El reto del cambio climático
Un 59% de la población reconoce que las infraestructuras desempeñan un papel clave en la lucha contra el cambio climático. No obstante, un 58% considera que estas no están adaptadas para afrontar los desafíos climáticos futuros. La tragedia ocasionada por la DANA subraya la necesidad de repensar las prioridades de inversión en infraestructuras que no solo respondan a la emergencia climática, sino que también garanticen la seguridad de las comunidades.
