El próximo 3 de octubre entrará en vigor la Ley 8/2026, de 2 de julio, de erradicación del amianto en Cataluña, con la cual esta comunidad autónoma se ha dotado de un marco normativo específico para abordar una de las principales problemáticas de su parque inmobiliario: la erradicación de materiales con asbesto.
El nuevo marco legislativo busca reunir bajo un mismo paraguas cuestiones que hasta ahora se abordaban desde distintos ámbitos: la prevención de riesgos laborales, los residuos, la salud pública o las competencias municipales. Repasamos las principales novedades.
Más obligaciones de identificación y control
En el ámbito estatal, el Real Decreto 396/2006 continúa siendo la referencia para los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Entre otros requisitos, obliga a las empresas que realizan estas actividades a inscribirse en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA) y establece la necesidad de disponer de un plan de trabajo antes de comenzar los trabajos sujetos a la norma.
La Ley 7/2022 de residuos, por su parte, obliga a los ayuntamientos a elaborar censos de instalaciones y emplazamientos con amianto acompañados de calendarios de retirada con vistas a una solución del problema antes de 2028.
La nueva norma catalana amplía este esquema. Crea un Censo catalán de materiales que contienen amianto, en el que se integrarán los censos municipales, y establece nuevas obligaciones de información para propietarios, empresas y profesionales.
Una de las medidas con mayor repercusión inmobiliaria será el certificado de presencia o ausencia de amianto, que deberá entregarse en operaciones de venta o alquiler de inmuebles. Su contenido y las condiciones de emisión deberán desarrollarse reglamentariamente.
La ley también prevé un Registro de empresas y profesionales capacitados para la gestión de materiales con amianto en Cataluña. Este registro será adicional: la propia norma especifica expresamente que no sustituye al RERA regulado por la normativa estatal. Su puesta en marcha deberá desarrollarse durante los meses posteriores a la entrada en vigor de la ley.
El amianto como residuo peligroso
Otro aspecto relevante para la industria de la construcción aparece en el artículo 30: todo material con amianto retirado de su emplazamiento original se convierte en un residuo peligroso.
Esto significa que el proceso no termina con el desmontaje de una cubierta, una tubería o un aislamiento. El residuo debe mantenerse correctamente confinado y su recogida, transporte, almacenamiento y destino final quedan sujetos a la normativa de residuos.
La Ley 8/2026 exige que la recogida y transporte se realicen garantizando el confinamiento de las sustancias peligrosas y establece su almacenamiento temporal mediante gestores autorizados. Como regla general, contempla su depósito definitivo en instalaciones controladas para residuos peligrosos, aunque determinados materiales de construcción con amianto pueden ser admitidos en depósitos de residuos no peligrosos cuando cumplen las condiciones específicas establecidas por el Real Decreto 646/2020 sobre eliminación de residuos en vertederos.
Por tanto, conviene diferenciar dos ámbitos jurídicos. La retirada del material debe cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales y, cuando resulta aplicable el RD 396/2006, realizarse mediante empresas inscritas en RERA y con el correspondiente plan de trabajo. El transporte, almacenamiento y tratamiento del residuo requiere, además, cumplir las autorizaciones y obligaciones específicas de la legislación de residuos.
La ley catalana del amianto presenta la novedad de aunar todos estos procedimientos en un mismo marco legislativo sin sustituir la normativa estatal.
La especialización será cada vez más importante
La nueva regulación aumenta la trazabilidad del amianto desde su identificación en un inmueble hasta su retirada y gestión como residuo. Para propietarios, industrias y responsables de instalaciones, comprobar previamente la habilitación de los profesionales que intervienen será cada vez más relevante.
Plataformas especializadas como LoMills permiten localizar profesionales para retirar residuos de amianto en Barcelona y otras provincias. La plataforma indica que los profesionales de desamiantado que incorpora están inscritos en RERA y trabajan con los correspondientes planes de trabajo autorizados, dos comprobaciones esenciales antes de contratar una intervención con amianto.
Con la Ley 8/2026, Cataluña pasa así de un modelo apoyado principalmente en normas sectoriales a otro que busca integrar identificación, retirada, prevención, gestión del residuo, información y control administrativo dentro de una estrategia específica de erradicación del amianto.
